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La abogacía, los juzgadores y los justiciables sabíamos que una reforma al poder judicial era necesaria y deseable. Los cambios de los últimos años, si bien no lograron erradicar o disminuir radicalmente la corrupción, al menos mejoraron el sistema de impartición de justicia. La nueva reforma, impulsada desde el Ejecutivo Federal, amenaza con revertir los avances y llevarnos a un estado peor del que teníamos antes.
Es una reforma que afecta profunda y brutalmente al sistema judicial mexicano, al estado de derecho, al juicio de amparo, la institución jurídica mexicana que más nos enorgullece, y de paso humilla a los miembros de los poderes judiciales al cambiar su experiencia y sus méritos, por una tómbola. Es obvio que esta brutal vulneración de la función de impartición de justicia tiene la finalidad de debilitar y controlar a los poderes judiciales, sometiéndolos a los designios de los gobiernos.
El proceso para la elección de los jueces ha sido deleznable, inconsistente, contradictorio y sumamente confuso. Las y los juzgadores, (jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras) serán sustituidos muy pronto, en dos momentos históricos, por licenciados en derecho que hayan aprobado con un promedio de ocho puntos en cualquiera de las casi tres mil universidades y escuelas de derecho en México, la gran mayoría “escuelas patito”, que, sin mayores requisitos, salvo el pago de las colegiaturas, otorgan el título. Las renuncias de quienes llegaron a la judicatura gracias a sus esfuerzos y años de experiencia no se han hecho esperar. Los ataques despiadados del gobierno federal a aquellos juzgadores que no lo han apoyado y que han optado por resolver conforme derecho, nos hablan de la vulnerabilidad de los jueces honestos y de sus familias. Se perdió la carrera judicial y con ella la neutralidad y la independencia de los juzgadores.
¿Qué sucederá con los asuntos que caerán en sus manos, con los juicios que llevan años en los tribunales, con los casos difíciles, con aquellos en los que los gobiernos tengan intereses especiales, ya sea en su favor o en el de sus cómplices?
La capacidad, experiencia y preparación los juzgadores y la independencia judicial son requisitos indispensables en todo sistema democrático. El sistema de elección de los jueces, magistrados y ministros, diseñado torpemente desde la presidencia de la República con el apoyo incondicional del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral, es lamentable. Los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial tuvieron que renunciar “…atendiendo a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso encomendado y actuando siempre hasta el máximo de nuestras posibilidades dentro del marco constitucional”.
Los abogados litigantes no tenemos más alternativa que reinventarnos; procurar soluciones que eviten que los conflictos que se nos encomiendan sean atendidos por estos jueces improvisados que muy probablemente atenderán intereses que coincidan con los de los gobiernos, sin que les importe mayormente el estado de derecho. En resumidas cuentas, habrá que acogerse, en la medida de lo posible, a los mecanismos alternativos de solución de controversias: el arbitraje, la mediación y la negociación colaborativa.
El arbitraje es, indiscutiblemente, una mejor solución que someter a los nuevos jueces la decisión de una controversia. No obstante, suele ser un mecanismo costoso y lento.
Otra alternativa es la mediación, un medio de solución de conflictos en el que interviene un tercero llamado mediador o facilitador, que procura, mediante la cultura de la paz, el mutuo reconocimiento de las partes y el deseo de resolver la controversia, una solución convenida que satisfaga a todos los involucrados. Veamos algunas de sus bondades:
1. La persona mediadora está capacitada y habilitada, ya que para tener la certificación requiere de estudios y exámenes, e incluso de una recertificación que garantiza su permanente actualización.
2. El mediador es imparcial y neutral.
3. El mediador no resuelve el conflicto, sino que ayuda a las partes a resolverlo a través de diversas técnicas, lo que propicia arribar a convenios afines a los intereses de las partes.
4. La mediación es flexible. No hay un procedimiento rígido que obligue a las partes a transitar por diversos estadios del proceso en ciertos momentos; el mediador determina los avances conforme a su desarrollo, no hay plazos fijos ni formatos predeterminados.
5. Es mucho más económica y mucho más rápida que un juicio o un arbitraje.
Los justiciables habrán de recurrir a este maravilloso método de solución de controversias. Los abogados litigantes debemos buscar en la mediación la mejor vía para la solución de los conflictos.
Por último, la negociación colaborativa, que, si bien la contempla la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (artículo 4°), es muy poco conocida en nuestro país y somos muy pocos los abogados colaborativos en México. Es importante que este número crezca para ejercerla. Es una propuesta que va más allá de la mediación, pero que se desarrolla con base en los mismos principios. En esta intervienen los abogados colaborativos de las partes, y de ser necesarios, peritos u otros profesionales, también colaborativos. Es un sistema integrativo, un estilo de negociación que, lejos de inspirarse en el espíritu de enojo y venganza, lleva a las partes a lograr un acuerdo que resuelva el pleito de la mejor manera para todos.
En Bufete de Buen, con motivo del 45 aniversario de su filial Centro de Cursos Especiales, A.C., en asociación con el Instituto para la Paz, A.C. que dirige el Dr. Oscar Ortiz Salcedo, impartiremos próximamente un diplomado en Negociación Colaborativa con la opción de agregar el diplomado de Mediación (mismo tronco común). Se desarrollará de manera híbrida, incluyendo importantes sesiones presenciales de prácticas. Pronto daremos a conocer el programa y las opciones, con un claustro de profesores de gran experiencia y conocimiento.
Es el momento de que la abogacía mexicana se sumerja en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) nos proporcionan y no nos paralicemos ante la emboscada en contra del Poder Judicial.
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